A diez años de Marina Kue, la pregunta “¿Qué paso en Curuguaty?” sigue teniendo resonancia actual, porque sigue sin contar con la respuesta de quienes tenían la obligación de responder. Así también la causa sigue comprometiendo el interés público, porque en esa tragedia también dieron muerte a la democracia en Paraguay.​

Mediante este informe, la Codehupy reedita aquel trabajo, actualizado y con la experiencia del caso a los diez años de la masacre, con un enfoque en el balance de las deudas que aún quedan pendientes.

Este nuevo informe, además de su valor informativo y documental, como vehículo de memoria, tiene el propósito de seguir apoyando, en clave de incidencia y acciones públicas, la defensa del caso.

Agradecemos a todas las personas que colaboraron para que esta reedición fuera posible.

Investigadores:
Hugo Valiente (coordinación general).
Alberto Simón, Luis Rojas Villagra, Federico Vargas Lehner y Ana Lucía Giménez.

Fotografías
Santi Carneri
Pablo Tosco
Amadeo Velazquez
Hugo Valiente
Carol Thiede​

La investigación y publicación del informe ha sido posible gracias al apoyo financiero de Diakonia – Gente que cambia el mundo, Misereor, Pan para el Mundo y CCFD-Terre Solidaire.

Para acceder al informe completo ingresa aquí: http://www.codehupy.org.py/wp-content/uploads/2022/06/Marina-Kue-10-anos-Codehupy.pdf

El testigo señaló que fueron convocados para un desalojo. Dijo haber visto entre 25 a 30 campesinos delante de él, mujeres y niños al costado. Los campesinos habrían estado en «cuña» (ya no es U o embudo). Sobre la posición de las mujeres y niños, Rojas señaló que en los desalojos es normal que las mujeres campesinas vayan al frente. Manifestó que se preguntó por la fiscala Ninfa Aguilar, pero ella no estaba presente, así también dijo que quien atacó a Lovera portaba una escopeta (otros habían dicho que pistola). Según Rojas, había gente con camuflaje (uniforme para-para’i), aunque luego dijo que era difícil distinguir o acordarse. Recordó que los tácticos portaban armas largas y dijo saber que en ese momento había otros grupos, como los antimotines y agentes de la FOPE, que llegarían por otro lado.

También señaló que desde el helicóptero hablaban por megáfono; que el helicóptero se retiró al primer disparo y que volvió al terminar todo.
Declaró que tras los hechos en Marinakue, agentes de Orden y Seguridad estuvieron cubriendo el Hospital de Curuguaty porque supuestamente un grupo de campesinos atacaría el hospital.

El testigo expresó que en ningún momento vio a la fiscala Ninfa Aguilar, ni en las formaciones ni en terreno. Él no fue a Campos Morombí 8 días antes, pero cree factible que alguien haya ido.

Dijo además que el subcomandante Lovera recibió una llamada telefónica durante la formación, que ninguna persona del grupo policial leyó la orden judicial. El fuego en el pastizal comenzó después del tiroteo, según el suboficial Rojas, quien manifestó a su vez que la policía sí disparó durante la balacera y que casi 10 minutos duraron los disparos policiales, intensos.

Segundo testigo: Suboficial Derlis David Penayo

Ese día, el suboficial Penayo fue designado como pelotón anti-disturbio, se encontraba a 50 metros de Lovera, “fui cabecero del grupo”, expresó. Declaró no haber podido divisar nada porque había mucha maleza, “estaba algo retirado de ahí”. Dijo no haber visto el helicóptero en el momento en que hubo el tiroteo porque se encontraba en estado de mucha conmoción, pero al terminar el hecho sí, vio que aterrizó el helicóptero, aproximadamente a 10 metros de donde él se hallaba, “si mal no recuerdo, a mi derecha”.

Sobre la FOPE y otros grupos, declaró Penayo no haber visto a ninguno, aunque sí sabía que debían estar. “En la primera formación que se hizo, Lovera lo informó”. Vio al Comandante Lovera hablar por teléfono, pero no escuchó con quién ni supo precisar si él marcó o lo llamaron. A la pregunta de si vio a la fiscala Ninfa Aguilar, contestó que no se acordaba, aunque declaró que sí había “gente extraña, pero no sé si eran fiscales o quiénes”. Informó además que en la formación estaban unos 300 uniformados “si no más”.

El suboficial Penayo también dijo que los fusileros portaban armas Galil, semiautomáticas y con capacidad de 30 tiros: asimismo declaró que la policía de Investigaciones utiliza pistolas 9 mm o revólver calibre 38, las reglamentarias. Preguntado sobre si vio el incendio del yuyal, Penayo contestó que “solo después cuando fuimos a auxiliar a los camaradas».
El testigo declaró que había oficiales mujeres en la formación y que no fueron porque se barajaba la posibilidad de una incursión peligrosa. «Basándome en lo que dijo Lovera en la formación, que había peligro latente, en base a eso declaré en la fiscalía así aquella vez”.
En las preguntas aclaratorias de los jueces, el testigo declaró que el tiroteo duró de 15 a 20 segundos, “no creo que haya alcanzado el minuto”.

Tercer testigo: Suboficial Primero del GEO, Melanio Gómez Garayo

En general este testigo hizo las mismas declaraciones que los demás (secuencia: viaje en móvil, miguelitos, viaje a pie, balacera).
Según el testigo Gómez Garayo, la cantidad de campesinos en frente de ellos no era superior a 10 o 15. No pudo aportar mucho para el esclarecimiento de los hechos, ya que en cuanto fue herido, quedó tirado en el suelo. La bala alojada en su espalda es calibre 9 mm, la cual según pruebas periciales no era portada por los campesinos en ese momento. El testigo no pudo recordar si Horacio Cartes visitó alguna vez la base GEO en esa época.

Los dos últimos testigos no se presentaron, por lo que se declaró receso en el juicio hasta el martes 26 de enero a las 8 am.

Informe: Articulación por Curuguaty

Leonardi Guerrero y Nelson Ruíz son los nuevos fiscales que asumen al salir Rachid, junto a las dos ya designadas.

La defensa pidió la entrega de videos del Ministerio del Interior señalados por un testigo, como hechos nuevos, petición que fue rechazada en su momento por el Tribunal. Después, la defensa acusó directamente a Rachid de manipular las pruebas y manifestó temer que el mismo manipulara las evidencias al asumir su cargo como Viceministro del Ministerio del Interior. Se hizo lugar a la reposición de la defensa.

Primer testigo: Suboficial Primero, Esteban Báez Villar

Báez Villar declaró: “nos bajamos, en formación en pelotón, a la cabeza iban el jefe y subjefe, algunos fusileros, nosotros quedamos hacia atrás”. Agregó que los campesinos “estaban 20 más o menos, en el frente unos 40 a 50, estaban mujeres y niños en ese momento”.

Sobre si el helicóptero tenía o no armas, el testigo contestó que no recordaba si tenía armas. Dijo a su vez no haber visto nada por haberse tirado cuerpo a tierra una vez iniciado el tiroteo.

Báez declaró que los fusileros usaron armas largas, y que vio el incendio del pastizal tras la balacera. Manifestó que el helicóptero descendió tras registrarse el tiroteo.

El testigo no recordó nada ante las preguntas de la defensa. Tras esperar más de una hora después de la balacera, los llevaron en colectivo al Hospital de Curuguaty, expresó el suboficial Báez. No reconoció, así también, a ningún campesino o campesina presente en la sala en situación de acusados.

Segundo testigo: Suboficial Mayor Vicente Sabino Mora Torres

El suboficial Mora Torres no pudo reconocer a ningún campesino o campesina en el lugar los hechos. Manifestó haber tenido que caminar 3 kilómetros para llegar al lugar. No escuchó tan bien lo expresado por Lovera pues estaba un poco apartado del mismo. Se tiró al suelo a la hora de los disparos.

Unos 300 policías estaban, entre ellos tácticos que usaban armas largas, semiautomáticas. No sabe quién mató a los campesinos. No vio a la FOPE ni sabe qué armas usaron, según declaró.

Mora dijo haber visto sobrevolar al helicóptero, pero no durante la balacera. Tal vez los fusileros tácticos dispararon, indicó.

A su vez señaló que los policías se encontraban en una posición superior a los campesinos, que ellos estaban más abajo. Tampoco vio al personal de la FOPE cerca de los campesinos.

Según su testimonio, ningún personal del GEO quedó custodiando el lugar tras los hechos. También dijo que es difícil distinguir lo que es una ráfaga de lo que no lo es.

El suboficial Mora indicó que sí fueron a Campos Morombí una vez antes del 15 de junio de 2012. Expresó que no vio de dónde provinieron los disparos, tampoco vio hacia dónde disparaban los policías y no vio quién cortó la cimbra.

Tercer testigo: Suboficial Primero, Virgilio Antonio Blanco Giménez

El suboficial Blanco afirmó que el comandante Lovera les dijo: “Se va a hacer el desalojo pero no quiero quedarme”.

El testigo no pudo identificar a los campesinos, no supo precisar qué tipos de armas se dispararon y manifestó que estaban presentes mujeres y niños.

Según el testigo Blanco, los fusileros del GEO estaban armados. Él no había disparado su arma, un fusil Galil semiautomática que puede regular tiro por tiro o tres por tres, según precisó. Los campesinos que portaban escopetas eran 7 u 8, declaró. Indicó que la balacera duró intensamente de 4 a 5 minutos, en total duró el enfrentamiento 25 a 30 minutos. Al preguntársele quién disparó primero, el testigo contestó «ni idea, señor». Al preguntársele si escuchó ráfagas, contestó que sí. Algunos de estos disparos podrían provenir de fusiles o Galil, de armas semiautomáticas, expresó Blanco.

El testigo también manifestó que no había nadie destinado a leer la orden judicial en guaraní a los campesinos y que el GEO no designó a nadie para quedarse a resguardar el lugar después de los hechos, como dicta el protocolo.

Declaró que los policías auxiliaron a los policías heridos y que no vio quién auxilió a los campesinos heridos. Los fusileros llevaban las armas cargadas, e igualmente les pilló de sorpresa la balacera. Fueron a cumplir un desalojo «buenamente» pero les salió mal, dijo el suboficial Blanco. Dijo que Lovera habló con las mujeres antes de que se desencadenara el hecho. Al preguntársele si sus superiores le dieron alguna indicación en caso de necesidad de resguardo, Blanco respondió que solo le dijeron que «se cuiden». Respecto a la seña que le hicieron desde el helicóptero, el testigo Blanco mostró una seña con la mano que es muy distinta a la seña que ya otro testigo describió anteriormente con ambas manos. Finalmente terminó su declaración no pudiendo reconocer a ningún campesino o campesina.

Declaró que los policías auxiliaron a sus camaradas heridos y que no vio quién auxilió a los campesinos en la misma situación. Los fusileros llevaban las armas cargadas, e igualmente les pilló de sorpresa la balacera. Fueron a cumplir un desalojo «buenamente» pero les salió mal, dijo el suboficial Blanco. Dijo que Lovera habló con las mujeres antes de que se desencadenara el hecho. Al preguntársele si sus superiores les dieron alguna indicación en caso de necesidad de resguardo, Blanco respondió que solo les dijeron que “se cuiden”. Respecto a la seña que le hicieron desde el helicóptero, el testigo Blanco mostró una seña con la mano que es muy distinta a la que ya otro testigo describió que era con ambas manos. Finalmente terminó su declaración no pudiendo reconocer a ningún campesino o campesina.

Cuarto testigo: Suboficial Primero, Rolando Álvarez Insfrán

Para este testigo, los campesinos eran unos 40 o 50 (al principio). Lovera entró a dialogar con ellos, en tanto que él se quedó atrás. Las mujeres salieron rápido al momento de los disparos, manifestó; estos duraron 40 minutos intensos. Ante la pregunta de si fueron muchos disparos, respondió “muchos disparos”. No escuchó disparo alguno cuando pasaba el helicóptero, según su testimonio.

Se presentaron ante el testigo las herramientas de labranza campesina como si fueran armas. Las escopetas solo disparan un tiro a la vez, señaló el testigo suboficial Álvarez. Dijo que no estaba la gente de Investigación ese día, que son quienes pueden usar revólveres niquelados. No había ningún funcionario de civil ese día para leer la orden de allanamiento en guaraní, dijo también el suboficial Álvarez. Nadie de la GEO quedó para resguardar el lugar de los hechos. Ante la consulta de la defensa sobre su conocimiento acerca de un servicio que hacían en la estancia Paraguay y Campos Morombí 8 días antes, otra vez el tribunal y la fiscalía no quisieron que se supiera qué es «kokue» en jerga policial. Sin embrago, el juez en la aclaratoria dijo “entraron en dos columnas lo que en jerga militar se dice ‘a caballo’”.

Quinto testigo: Suboficial Segundo, Oscar Arnaldo Arévalos Amarilla

El testigo inició su declaración contando que la noche del 14 al 15 de junio de 2012 el contingente policial pernoctó en una casa frente a la estancia de Campos Morombí.

Declaró que los fusileros se apostaron a la izquierda y la derecha en la formación policial. Estaba en el fondo y no distinguía muchas cosas; en el momento en que Lovera conversaba con los ocupantes, escuchó el primer disparo, pero no sabe de qué lado vino así como los demás disparos.

El testigo dijo haber estado cuerpo a tierra por espacio de 30 minutos. La fiscalía inducía al testigo a decir que no eran campesinos los que estaban allí; la defensa objetó y se dio lugar al planteamiento. También declaró, al contrario que los anteriores, que la persona que disparó a Lovera empuñó el arma con las dos manos.

El suboficial Arévalos dijo que al terminar el procedimiento “no teníamos más cartuchos ni armas”, lo que se podría interpretar como que los gastaron todos (cartuchos).

Sexto testigo: Suboficial Alcibíades Benítez Gamarra

Este testigo reconoció que disparó que tenía carga de 30 disparos y que la Policía disparó, no sabe de dónde venían los disparos. Hubo dos formaciones antes de llegar al lugar y otra antes de entrar al alambrado, en esta segunda formación había de 100 a 150 policías.

Al preguntársele por el incendio del pastizal respondió haberlo visto. Declaró que había gente camuflada (para-para’i) en el lugar, que vio a algunos cerca del pastizal y otro cerca de los campesinos. Los tácticos usaban armas largas, Galil, con capacidad de 30 tiros. Recordò que el helicóptero sí sobrevoló durante la balacera, a su izquierda. No recuerda qué brigada fue a Campos Morombí 8 días antes.

El Tribunal dispuso receso hasta el miércoles 20 de enero a partir de las 8 am, en la Sala 2 de Juicios Orales, torre norte, Palacio de Justicia, Asunción.

Informe: Articulación por Curuguaty

Fechas de observación: 17 a 21 de agosto2015

Actividades de observación:

• Reuniones con Articulación x Curuguaty
• Reunión con imputados
• Reunión con Comisión de Familiares[1]
• Reunión con equipo jurídico saliente
• Conversatorios con miembros de la articulación
• Estudios de prensa, publicaciones escritas, producciones audiovisuales etc

Resumen ejecutivo

Esta misión de observación se llev­ó a cabo en un lapso durante el cual las audiencias del juicio oral en Asunción se encontraban suspendidas, a raíz

de las solicitudes de cambio de representación de parte de los imputados, así como a la espera de la resolución de la Corte sobre una solicitud de recusación presentada por la defensa. Dicha solicitud se resolvió durante la misión, de manera desfavorable a lo solicitado por la defensa, y se anticipa que el tribunal volverá a constituirse, y las audiencias serán reanudadas,antes de fines del mes en curso (agosto de 2015).

Ante este hecho, las reuniones, estudios, e informaciones recabados no permiten otra conclusión de que el juicio actualmente en curso muy difícilmente podrá culminar en un veredicto que reúna las mínimas características de garantías del debido proceso, de un trato igual ante la ley, y de una justicia imparcial y eficaz, a las que aspiran y obligan los principios constitucionales, el derecho nacional imperante, y los principios generales de la justicia consagrados en la Convención Americana de los DDHH y demás instrumentos regionales e internacionales vigentes.

En lo particular, que la calidad de la investigación realizada, algunas características del actuar y procedimiento judicial hasta la fecha, y la actuación de otros operadores sociales, entre ellos los medios de prensa, han hecho de este proceso un simulacro de juicio que no podrá entregar las certezas, respuestas, seguridad jurídica y apego a la ley que se merecen tanto las personas imputadas como los familiares de las policías y otros ciudadanos asesinados, y la sociedad en general.

Que en estas circunstancias, prolongaciones, postergaciones y ajustes a la actual etapa de audiencias no van a poder subsanar los vicios de fondo y la alta probabilidad de que en base a ellos, este juicio, de seguir su curso, va a producir múltiples injusticias así como va a permitir múltiples omisiones,silencios, e incumplimientos de parte de operadores del sistema de justicia.Que lamentablemente se corre el riesgo entonces de que nunca se esclarezcan los hechos ocurridos en Curuguaty con una calidad o umbral de confiabilidad que permite aplacar o apaciguar las sospechas y rumores, y que de este modo, una vez m­ás, se pierde una oportunidad de demostrar ante la comunidad nacional,regional, e internacional la capacidad y disposición del poder judicial y demás operadores del sistema de justicia paraguaya de dejar atrás vicios del pasado,avanzando hacia un sistema de justicia moderno, imparcial e eficaz que es capaz de darle seguridad y garantías a cada habitante de la nación así como a quienes busquen, por medio de la solidaridad o el comercio internacional, ser co-creadores de un futuro más próspero para Paraguay.

Que una anulación del actual juicio, si bien es ampliamente ameritado por las circunstancias, no podrá por si solo ofrecer una solución de no ser que se proceda de inmediato a dar curso a una nueva y exhaustiva investigación, realizada por personal profesional idóneo, sin conexión directa con el caso ni sus involucrados, y que cuente con todos los recursos técnicos y autonomía requeridos. Que en la medida que dicha investigación concluye que sea o no posible subsanar los vicios del procedimiento anterior de manera que cumple con los estándares correspondientes de confiabilidad y oportunidad, se tenga presente la posibilidad de tener que disolver el proceso penal en atención alos principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo que son las piedras angulares de todo sistema penal moderno y civilizado. Que dicha investigación este facultada además para considerar, iniciar o recomendar medidas de sanción administrativa y/o de persecución penal contra quienes resulten responsables de incumplimiento de deberes, prevaricación u otras faltas a los altos estándares de probidad y diligencia que es menester exigir a personal de fiscalía, policía, la judicatura, y otros estamentos públicos. Que en el caso que fuese necesario,esta tarea y otras relacionados sean confiadas a una comisión ad hoc, con presencia y participación de comisionados internacionales, para asegurar las máximas posibles garantías de objetividad en su funcionamiento

Comentarios en detalle

A nivel de apreciaciones más detalladas es menester mencionar:

1) Que existen indicaciones fundamentadas de un proceso de investigación fiscal y policial carente y deficiente en el caso Curuguaty, que amenaza seriamente a la integridad de cualquier proceso judicial basado en ello.

– De modo de ejemplo, y en una lista ilustrativa pero no exhaustiva, se puede mencionar la aparente ausencia de la investigación de la totalidad de las muertes ocurridas durante el incidente, habiéndose optado por investigar solamente las muertes de los 6 integrantes de la fuerza policial fallecidos; la falta de atención médica oportuna y constatación de lesiones a quienes de los imputados denuncian maltratos y tortura recibidos a manos de la policía el día de los hechos y la ausencia de investigación de estas alegaciones; la falta de pericia a los restos de las demás personas víctimas de violencia fatal ese mismo día; las múltiples irregularidades y contradicciones en las evidencias presentadas por la Fiscalía en audiencias preliminares, incluyendo la falta de caratulación minuciosa de las evidencias físicas y la presentación de evidencias físicas en contenedores sellados y sin la debida catalogación; la no-aparición de las armas de grueso calibre que según Fiscal­ía habrían ocasionado las muertes de los efectivos policiales a pesar de haber quedado el recinto en manos de la policía en el momento de ocurrido la masacre; la presencia de diversos testimonios, y formas de entrega de cuerpos, que apuntan a que algunos de los campesinos muertos habrían sido ejecutados en forma extra judicial una vez en manos de la policía; la ausencia de un sumario interno o índices de investigaciones al respecto; la no-aparici­ón de filmaciones realizadas por el helicóptero policial que sobrevolaba durante los sucesos; la ausencia u ocultamiento de informes periciales y balísticos acuciosos permitiendo reconstruir el origen, trayectorias, y la secuencia de eventos durante el balaceo que se produjo; la citación de la defensa a actos de pericia que ya habían tomado lugar con anterioridad a la fecha de la mencionada citación; las imprecisiones en los cargos formulados contra los imputados, en particular la falta de pertinencia de la figura de homicidio tentativa y la acusación de asociación criminal en base a un listado de nombres de comuneros, un listado de origen y propósitos claramente lícitos e inofensivos que a mayor abundamiento ya no puede ser ingresado en evidencia por haberse extraviado desde la custodia policial.

2) Que existen además relatos confusos y poco claros de parte de las autoridades públicas, entre ellas la policía, sobre la naturaleza del operativo y el diseño, los motivos y el propósito del mismo

– A saber, índices claros sobre la tenencia del terreno (estatal o privado); la calidad de allanamiento o de desalojo que, por consiguiente, tuvo el procedimiento en actas oficiales; los motivos por la presencia de un operativo policial mucho m­ás numeroso que el destinado asimilares propósitos en otras situaciones, y en oportunidades anteriores dentro de este mismo predio; la presencia o no de fiscales u otras autoridades civiles en el operativo; su ingreso físico o no al recinto junto con la fuerza policial y las razones del mismo; las razones para efectuar ingreso desde dos puntos geográficos en forma simultanea; los planes de contingencia que existían para proteger debidamente la vida e integridad física de las policías, campesinos y demás personas presentes en el lugar; las prevenciones y cuidados especiales pertinentes que se debían incorporar en la planificación de la intervención por saber que habían infantes y menores de edad en el predio; los planes de contingencia y emergencia, entre ellos de evacuación del lugar y de atención médica oportuna, que debían acompañar un operativo de este índole.

3) Que han existido desde el primer día versiones y reportes de prensa sesgados y sensacionalistas, tendientes a pre-orientar las opiniones del público en general, así como de las autoridades fiscales, judiciales y otros cuya intervenci­ón es clave en la resolución del proceso, de una manera desfavorable a los actuales imputados y que puede perjudicar seriamente sus posibilidades de recibir un juicio justo.

– Que si bien esta irresponsabilidad o parcialidad de parte de los medios de prensa no está directamente bajo el control de las autoridades pertinentes, éstas al parecer no han actuado con la necesaria celeridad para desmentir rumores y versiones claramente erróneos y seriamente perjudiciales, por ejemplo sobre la supuesta vinculación del incidente con grupos armados organizados. Que la reubicación del juicio a la capital ha sido además insuficiente para contrarrestar este sesgo.

4) Que las acciones y diálogos continuados que el INDERT y otras autoridades hayan podido sostener con distintos grupos de campesinos y/o de familiares que siguen en ocupación en los terrenos de Marinakue y sitios aledaños deben ser bienvenidos, siempre y cuando se orientan a producir soluciones justas e individualizadas a las reivindicaciones fundamentadas de los distintos actores, públicos y privados, que puedan tener un legítimo interés en resolver de manera pacífica y dentro del marco de la ley las disputas aun no resueltas sobre el terreno.

– Que dichas acciones y diálogos deban entenderse siempre como acciones necesarias paralelas a, y autónomas de, la necesidad imperante de resolver los actuales procesos penales de manera rigurosa y transparente, según las disposiciones de la ley.

5) Que Marinakue no es m­ás que una particularmente dramática y trágica irrupción de una problemática de fondo que dice relación con la práctica de las tierra mal habidas, ampliamente documentada y denunciada por la Comisión de la Verdad, y desafíos de largo dato relacionados con las múltiples y graves asimetrías e injusticias de la estructura de tenencia de tierras y necesidad urgente de una reforma agraria verdadera en el Paraguay.

– Que en aras de propiciar una medida adecuada y eficaz en el plano de garantías de no repetición del masacre de Marinakue, las autoridades estatales pueden y deben prestar urgente atención a esta temática, sin solución a la cual, se prevea la triste probabilidad deque sigan ocurriendo los actos de violencia de este mismo tipo, que comprometenl a paz social, el bienestar nacional, el prestigio regional e internacional del país, y las vidas y la integridad física de ciudadanos y ciudadanas paraguayos y paraguayas, ya sean integrantes de la fuerza pública, miembros de comunidades campesinas, u otros.

Cath Collins

Professor of Transitional Justice, Transitional Justice Institute, Law School, Ulster University

y Directora, Observatorio de Justicia Transicional, Centro de DDHH, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile

c.collins@ulster.ac.uk o cath.collins@mail.udp.cl

Web: www.transitionaljustice.ulster.ac.uko www.derechoshumanos.udp.cl

SSRN: http://ssrn.com/author=2421170

* Cath Collins es cientista político y catedrática en justicia de transición en la facultad de derecho de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte. A la vez, dirige el Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, www.derechoshumanos.udp.cl, un observatorio sobre procesos de verdad, justicia, reparaciones y memoria en Chile que fundó en 2008 siendo profesora asociada de ciencias políticas de la UDP. Ha investigado y publicado desde 1999 sobre el legado y manejo judicial de crímenes de lesa humanidad de tiempos de dictadura en Chile, El Salvador y el resto de la región latinoamericana. Llegó a vivir en Chile por primera vez en 1996, trabajando como organizadora comunitaria poblacional, en cárceles y en agrupaciones VIH, y ha colaborado desde aquel entonces con diversas agrupaciones de ddhh y de familiares de victimas de desaparición forzada y ejecución política en tiempos de dictadura. Es titulada, magister y doctor en ciencia política de las Universidades de Cambridge y Londres, y entre 2005 y 2006 fue la responsable regional para América Latina del prestigioso think tank britanico Chatham House. Su libro mas reciente es ‘La Política de la Memoria: Chile de Pinochet a Bachelet’ ( Santiago: UDP, 2014, co-autora, co editora).

[1] Si bien fue prevista la participación de un integrante del nuevo equipo jurídico en esta reunión, pero lamentablemente no se concretó.

Temprano en la mañana de hoy, los parlamentarios Sixto Pereira, Fernando Lugo y la senadora Esperanza Martínez visitaron a los presos, quienes están en dos habitaciones (Felipe, Arnaldo y Adalberto en una y Néstor y Rubén en otra).

Debemos recordar que desde anoche los huelguistas realizaron una huelga de hambre seca (sin ingesta de líquidos) exigiendo que gente de confianza fuese quien le proveyera de agua para su consumo. Esto debido a la desconfianza que generó en ellos la actitud de funcionarios del hospital y de la cárcel, quienes le incitaban a comer o les hablaban inoportunamente de comidas y bebidas.

Con esta situación se encontraron los parlamentarios esta mañana, aparte de las ya sabidas restricciones a familiares, acompañantes solidarios y prensa, así como el aislamiento e incomunicación en que se les pretendió instalar.

Gracias a la presión social,legal y médica, a la acción directa de los huelguistas y a las gestiones de estos parlamentarios y la visita de ayer del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hoy se logró ampliar el horario de acompañamiento a los presos y también ampliar el ingreso no solo a familiares sino a psicólogos y profesionales para que realicen la necesaria contención psicológica y práctica, tanto a los presos como a sus familiares.

Una de las principales tareas de este acompañamiento era lograr que los compañeros en huelga de hambre bebiesen agua, puesto que a esta altura de la huelga su cuerpo ya no demanda líquidos de manera expresa, es decir no sienten sed y tampoco hambre. Por tanto hay que reforzar y recordar la ingesta de agua.

Durante el transcurso de la mañana les visitó el activista en derechos humanos Martín Almada quien debió luchar por ingresar al Hospital ante la negativa de los militares de la guardia quienes incluso intentaron sacarlo del recinto encañonándolo con sus armas. La presencia de la prensa ayudó a evitar esto. Almada ingresó y pudo visitar a los presos. A su salida declaró lo injusto de la situación.

Al salir los parlamentarios Lugo, Martínez y Pereira señalaron su solidaridad con los huelguistas y que deberían estar en arresto domiciliario en vista de la situación delicada por la que pasan. La senadora Esperanza Martínez, en su calidad de médica declaró que los presos se encuentran «estable dentro de su gravedad, pero que la situación es distinta para cada caso, y que si bien alguno de ellos pareciera poder soportar la espera hasta el miércoles (en referencia a la audiencia de revisión de medidas que se realizará ese día en Salto del Guairá), eso no es seguro para quienes se encuentran más debilitados, como los hermanos Castro -Adalberto y Néstor-«

A las 11 de la mañana se permitió el ingreso de los familiares, quienes debían estar anotados en una lista autorizada.Como es notorio, los presos tiene restringidas las visitas en el Hospital Militar, cosa que no acontecía en la cárcel de Tacumbú.

Hasta las 13 horas, se pudo mantener un acompañamiento psicosocial y familiar. En ese momento, por orden de la guardia, se «invitó» a salir a quienes hacían el acompañamiento. Posteriormente, otros voluntarios, debidamente inscritos en una lista autorizada desde esta mañana, fueron impedidos de realizar el debido acompañamiento psicosocial.

A esta hora sólo familiares se encuentran acompañándoles.

Insistiremos en realizar el acompañamiento psicosocial. Este acompañamiento es un efectivo obstáculo para que los funcionarios militares, policiales, sanitarios y carcelarios que están en el Hospital Militar, tengan tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los huelguistas.

Los familiares y víctimas de la Masacre de Marina kue y la Articulación llaman a continuar la vigilia solidaria hoy a las 18 horas, frente al Hospital Militar.

Articulación x Curuguaty

A un año de la matanza de Curuguaty y la destitución del presidente Fernando Lugo, vale la pena hacer una evaluación de los hechos y acontecimientos.

Las evidencias muestran que las conquistas sociales logradas en los primeros cuatro años de gobierno han sido desaceleradas o interrumpidas. Los reclamos son innumerables, como las Transferencias Monetarias Condicionadas de Tekoporã, la Atención Primaria de Salud, la distribución gratuita de medicamentos, la atención de los niños en la calle, los programas de atención a los indígenas. En cuanto a la asistencia a la agricultura campesina, quedaron atrás varias iniciativas, como el Programa de Producción de Alimentos, que tenía un doble objetivo de proveer alimentos a los segmentos necesitados y dinamizar la producción de la agricultura campesina. También el plan de viviendas ha sufrido atrasos y la atención a los movimientos sociales prácticamente desapareció […]

Informe completo en: http://www.serpajpy.org.py/?p=3868